Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas


Preguntar +
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas

Autor: González Pérez Jesús
Fecha: 8ª edic. 2016
Duración: 629 + formato electrónico descargable
Precio: 158.00€
150.10€ (I.V.A. Incluído)
+ IVA, sin gastos de envío



Presentación
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del régimen jurídico vigente por un importante sector de la doctrina, cada días más extenso.

Al establecer la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 la obligación de indemnizar toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se instauró un sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública sin parangón en el Derecho comparado, que fue objeto de los elogios de la mejor doctrina y fue modelo en el que se inspiraron otras leyes, como la Ley federal mejicana de responsabilidad patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial del último día de 2004.
La jurisprudencia ha sido en general prudente, resistiéndose a admitir la responsabilidad por funcionamiento normal de los servicios, si bien, ante los categóricos términos de la Ley, no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos, aunque con elogiable prudencia. A pesar de todo, son tan gravosas las consecuencias para las Haciendas públicas de la aplicación del sistema, que se ha extendido la preocupación y multiplicado los trabajos ya de por sí numerosos sobre tan apasionante tema.
En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.
Esta obra, que ahora alcanza su octava edición, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea.

Desde diciembre de 2012, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. He procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente sus fundamentos de Derecho de mayor trascendencia. No sólo las sentencias innovadoras, sino también aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.
También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. He contrastado las opiniones en ellas mantenidas con las mías, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.
Desde marzo de 2015, fecha en que apareció la edición anterior, una nueva normativa regula la responsabilidad de las Administraciones públicas, la que sobre el tema se contiene en las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público. Aunque en buena parte se ha respetado la regulación derogada, existen innovaciones en su régimen jurídico, que estudio con detalle.
Pese al breve espacio de tiempo que ha transcurrido entre las dos ediciones, son muchas las sentencias que han seguid publicándose. Por lo general, reiterando doctrina ya consolidada, pero algunas innovadoras. He procurado, al igual que en ediciones anteriores, recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente sus fundamentos de Derecho de mayor trascendencia. No sólo las sentencias innovadoras, sino también aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.
También han aparecido algunos comentarios sobre el nuevo régimen. He contratado las opiniones en ellos mantenidas con las mías, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posibe del panorama actual de la doctrina.
 
 
SUMARIO
 
Responsabilidad del Estado y de los demás Entes Públicos
 
    Capítulo I. Nociones generales
    Capítulo II. Responsabilidad derivada de Actos Legislativos y de Tratados Internacionales
    Capítulo III. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia
    Capítulo IV. Responsabilidad de las Administraciones Públicas
 
Relación Jurídica Obligacional
 
    Capítulo I. Los sujetos de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
    Capítulo II. Objeto de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas: La reparación
    Capítulo III. Contenido de la relación
 
Nacimiento, Modificación y Extinción
 
    Capítulo I. Nacimiento de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
    Capítulo II. Modificación de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
    Capítulo III. Extinción de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
 
Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad
 
    Capítulo I. Nociones generales
    Capítulo II. Requisitos del procedimiento
    Capítulo III. Procedimiento Administrativo sobre Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
    Capítulo IV. Efectos del Procedimiento
    Capítulo V. Procedimientos para exigir la responsabilidad de las autoridades y personal de las Administraciones Públicas.
 
 
 
ÍNDICE AMPLIADO
 
ÍNDICE GENERAL
 
ABREVIATURAS
PRÓLOGO
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS DEMÁS ENTES PÚBLICOS
 
CAPÍTULO I
NOCIONES GENERALESI. Introducción
II. Evolución legislativa 
1. Los precedentes 
2. El Código Civil y la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911
3. II República 
5. La Constitución de 1978 y la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
6. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y la Ley 4/1999 
III. La responsabilidad patrimonial de los entes públicos
1. La responsabilidad patrimonial por los daños causados en el ejerci- cio de las distintas funciones públicas 
2. Regulación vigente 
a. De la LRJPA a las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público. 58
b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. 59
c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 60
3. Regulación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas,  y Responsabilidad derivada de actos legislativos y de la Función  Jurisdiccional 
 
CAPÍTULO II
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ACTOS LEGISLATIVOS Y DE TRATADOS INTERNACIONALES
SECCIÓN PRIMERA 
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ACTOS LEGISLATIVOSI. Nociones generales
1. Responsabilidad del Estado legislador 
2. Fundamento 
3. Regulación del Derecho español 
II. Evolución de la jurisprudencia española 
1. Los daños derivados de actos legislativos en la jurisprudencia 
2. Jurisprudencia sobre responsabilidad por jubilación anticipada y modificación del régimen de incompatibilidades 
3. Jurisprudencia sobre responsabilidad por los daños ocasionados por demanialización de propiedades privadas 
4. Jurisprudencia sobre daños patrimoniales derivados de la sujeción del suelo a un régimen de protección especial 
5. Responsabilidad derivada de la aplicación de un nuevo impuesto 
6. Responsabilidad derivada de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional 
III. Requisitos
1. El artículo 32. 3 a 6 LRJSP 
2. Naturaleza no expropiatoria 
a. Delimitación. 87
b. Daños derivados de la aplicación de una norma inconstitucional. 87
c. Lesión producto de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 92
IV. Procedimiento
1. Procedimiento para hacer efectiva la indemnización por los daños ocasionados por la aplicación de actos legislativos 
2. Procedimiento para hacer efectiva la indemnización de los daños y  perjuicios ocasionados por la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria 
3. Procedimiento Común 
 V. Efectos
1. Efectos de la decisión del procedimiento administrativo de reclamación de la indemnización 
2. Eficacia jurídico-procesal 
3. Eficacia jurídico-material 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
I. Responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los Trata-dos internacionales
1. Acto político y relaciones internacionales 
2. Responsabilidad derivada de tratados internacionales 
3. La LRJSP y la responsabilidad derivada de los tratados internacionales 
4. El Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea y sus consecuencias en orden a la responsabilidad patrimonial del Estado español 
II. Responsabilidad de la Comunidad Europea y del Estado español
1. Principio general 
2. Imputabilidad 
III. Responsabilidad del Estado derivada del cumplimiento de las normas del Tratado
1. Las modificaciones del Ordenamiento interno impuestas por el Tratado de Adhesión 
2. Las SS. de 5 de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 16 de septiembre de 1997 
3. Régimen jurídico 
IV. Responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario
1. El incumplimiento del derecho comunitario como causa determinante de responsabilidad patrimonial del Estado 
. 106
2. Responsabilidad del legislador por incumplimiento de las normas comunitarias 
3. Responsabilidad por violación del derecho comunitario por jueces y tribunales 
4. Responsabilidad de la Administración por infracción del Derecho comunitario 
 
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
I. Nociones generales
. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia 
2. Precedentes 
a. Responsabilidad personal, civil y criminal, de jueces y magistrados. 122
b. Responsabilidad subsidiaria del Estado. 123
c. Responsabilidad directa del Estado. 123
3. Regulación 
a. La Constitución de 1978. 124
b. La Ley Orgánica del Poder Judicial. 124
II. Requisitos
1. Requisitos 
2. Requisitos subjetivos 
a. Estado. 127
b. El perjudicado. 128
3. Requisitos objetivos 
a. Régimen general. 128
b. Imputación al Estado. 130
c. Actuación determinante del daño. 133
a'. Error judicial. 133
b'. Funcionamiento anormal de la Administración de  Justicia. 139
c'. Prisión preventiva. 149
d. Relación de causalidad. 151
e. Indemnización. 152
4. Requisitos de la actividad 
a. Plazo. 155
a'. Error judicial. 155
b'. Prisión preventiva. 156
c'. Demás supuestos. 156
b. Presupuestos. 157
III. Procedimiento para la declaración de error judicial
1. Idea general 
2. Requisitos 
a. Requisitos subjetivos. 160
a'. Órgano jurisdiccional. 160
b'. Partes. 161
b. Requisitos objetivos. 161
c. Requisitos de la actividad. 161
a'. Presupuesto. 161
b'. Plazo. 163
3. Procedimiento 
a. Regla general. 164
b. Informe del órgano al que se atribuye el error. 164
c. Sentencia. 164
4. Efectos 
ª. Efectos jurídico-procesales. 164
a'. De la presentación de la solicitud de declaración del error. 164
b'. De la sentencia. 165
b. Efectos jurídico-materiales. 165
c. Efectos económicos. 165
IV. Procedimiento administrativo de reclamación de la indemnización
 V. Efectos
1. Efectos jurídico-procesales 
2. Efectos jurídico-materiales 
a. Efectos directos. 166
b. Efectos indirectos. 166
 VI. Responsabilidad por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional
1. Idea general 
2. Requisitos 
a. Error judicial. 170
b. Funcionamiento anormal. 170
c. Referencia al supuesto de dilaciones indebidas. 171
3. Requisitos de actividad 
4. Procedimiento 
 
CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
I. Concepto
1. Eficacia anormal de la actuación de las Administraciones públicas 
2. Responsabilidad e indemnización 
3. Responsabilidad de la Administración pública 
II. Clases
1. Criterio de clasificación 
2. Responsabilidad contractual 
. 182a. La Administración pública y la contratación. 182
b. La distinción entre responsabilidad contractual y extra-contractual. 183
3. Responsabilidad derivada de actividad sujeta a derecho administra- tivo y de actividad sujeta a normas de distinta naturaleza 
a. Régimen jurídico de la responsabilidad de la Administra-ción Pública en función del derecho a que está sujeta su actuación. 184
b. La unidad de régimen jurídico. 185
III. Configuración de la responsabilidad extracontractual de las Ad-ministraciones públicas
1. La responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas en su actuación sujeta al derecho administrativo 
2. Responsabilidad directa 
a. Responsabilidad de las Administraciones públicas. 186
b. Responsabilidad de la persona a la que pueda imputarse el daño. 187
3. Responsabilidad objetiva 
IV. Regulación
1. Hacia la unidad legislativa 
2. La Constitución de 1978 
3. La legislación autonómica 
 
RELACIÓN JURÍDICA OBLIGACIONAL
 
CAPÍTULO I
LOS SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN PRIMERA 
NOCIONES GENERALESI. Los sujetos de la relación jurídica 
1. La relación jurídica derivada de los actos y omisiones determinantes de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
2. Los sujetos de la relación 
II. Régimen jurídico
1. Legislación anterior a la LRJPA 
2. La LRJPA 
SECCIÓN SEGUNDA 
EL TITULAR DEL DERECHO A INDEMNIZACIÓNI. El sujeto activo de la relación
1. La persona que ha sufrido la lesión 
2. La naturaleza de la lesión. La muerte 
3. Titularidad del derecho en el supuesto de lesión a los derechos al honor, a la intimidad o a la imagen 
4. El perjudicado de los daños ecológicos 
a. Daños ecológicos y daños medioambientales. 216
b. Potestades de la Administración frente a los daños medioambientales. 217
c. Los perjudicados por daños ecológicos. 218
II. Capacidad, legitimación y representación
1. Requisitos procesales referentes al titular del derecho a indemniza- ción 
2. Capacidad 
a. Capacidad jurídica. 220
b. Capacidad de obrar. 222
3. Legitimación 
4. Representación 
a. Representación voluntaria. 224
b. Personas a las que se puede conferir representación. 224
III. Pluralidad de titulares-interesados
1. Pluralidad de afectados por un hecho, acto u omisión determinante de responsabilidad 
a. Unidad de la causa de la lesión patrimonial y pluralidad de interesados. 225
a'. No exista entre ellos ninguna relación. 225
b'. Que exista una relación de convivencia. 225
c'. Que les afecte la acción de la Administración por pertenecer a una misma profesión. 225
d'. Que exista relación jurídica. 225
b. Régimen jurídico. 226
2. Pluralidad de interesados 
a. Requisitos. 226
a'. Subjetivos. 226
b'. Objetivos. 226
c'. De la actividad. 227
b. Procedimiento. 227
a'. Iniciación. 227
b'. Desarrollo. 227
c'. Terminación. 228
 
SECCIÓN TERCERA 
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
I. El sujeto pasivo de la relación
1. La Administración pública a la que sea imputable la acción u omisión determinantes del daño 
2. La Administración pública 
a. Responsabilidad directa de la Administración pública. 229
b. Las Administraciones públicas territoriales. 229
c. Organismos públicos y entidades de Derecho público  vinculados o dependientes de las Administraciones públicas. 230
d. Administración corporativa. 230
e. Administración sanitaria. 231
f. Concesionarios y contratistas. 233
3. Administración pública a la que es imputable el daño 
a. Determinación de la Administración responsable. 233
b. Inserción en la organización administrativa. 236
c. Actuación en ejercicio de funciones administrativas. 239
4. Órganos competentes para instruir y decidir los procedimientos administrativos 
a. Órganos encargados de la instrucción. 241
b. Órganos competentes para la resolución. 241
II. Pluralidad de sujetos responsables
1. Responsabilidad concurrente 
2. Responsabilidad concurrente entre Administración pública y un  particular 
a. Responsabilidad concurrente con particulares. 243
b. Responsabilidad concurrente de la Administración pública y sus colaboradores. 243
a'. Evolución de la legislación. 243
b'. Sujeto responsable. 247
c'. Régimen jurídico de la responsabilidad. 250
d'. Orden jurisdiccional. 250
e'. Requerimiento al órgano de contratación. 252
c. Responsabilidad concurrente de la Administración y terceros. 254
3. Responsabilidad concurrente entre Administraciones públicas 
a. Responsabilidad concurrente. 259
a'. El requisito de la concurrencia. 259
b'. Criterios jurisprudenciales. 259
c'. Régimen de la responsabilidad. 263
b. Responsabilidad solidaria. 264
a'. Supuestos de responsabilidad solidaria. 264
b'. Régimen jurídico. 271
 
SECCIÓN CUARTA 
EL ASEGURADOR I. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones y contrato de seguros
II. Asegurador del titular del derecho a indemnización
1. Relaciones entre el asegurador y la víctima 
2. Acción de regreso 
III. Asegurador de la Administración responsable
1. Acción del titular del derecho a indemnización 
2. Acción directa frente a la Administración pública 
3. Acción directa contra la aseguradora y la Administración 
4. Acción directa contra la entidad aseguradora 
IV. Asegurador del personal al servicio de la Administración cau-sante directa del daño
1. Procedimiento para reconocer el derecho a indemnización 
2. Procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de las autori- dades y personal al servicio de las Administraciones públicas 
 
CAPÍTULO II
OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: LA REPARACIÓNI. El objeto de la relación jurídica surgida de la responsabilidad extracontractual
1. El objeto de la relación jurídica 
2. El objeto de la relación obligacional surgida de la responsabilidad  patrimonial 
II. La reparación del daño
1. El principio de reparación integral del daño 
2. Modalidades de la reparación 
III. Indemnización en dinero
1. El principio de reparación integral y las indemnizaciones en dine- ro 
2. Criterios de valoración 
a. La norma legal. 290
b. Ha de indemnizarse no sólo el daño emergente, sino el lucro cesante. 295
c. La valoración de los daños materiales. 298
d. La valoración de los daños corporales. 299
a'. Muerte. 301
b'. Lesiones corporales. 301
e. Valoración de los daños morales y de la lesión de derecho de la personalidad. 304
f. Costas de las actuaciones administrativas y procesales. 304
3. Momento de la valoración del perjuicio 
IV. Compensación en especie
1. La reparación del daño por prestación distinta a la indemnización en dinero 
2. Requisitos 
a. Acuerdo con el interesado. 309
b. Que resulte el modo más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público. 309
3. Contenido 
 
CAPÍTULO III
CONTENIDO DE LA RELACIÓN
I. Contenido de la relación jurídica surgida de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas
1. El objeto de la relación jurídica obligacional 
2. El contenido del derecho a la reparación de los daños derivados de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública 
II. El derecho al reconocimiento de la reparación y a su efectividad
1. El derecho al reconocimiento de la indemnización 
a. El procedimiento administrativo sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 314
b. Iniciación del procedimiento. 314
c. Desarrollo del procedimiento. 315
d. Terminación. 315
2. El derecho a la efectividad de la reparación 
III. Obligaciones de la Administración pública 
1. El principio general de la buena fe y las obligaciones de la Administración pública responsable 
a. El principio general. 316
b. Obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual. 316
2. Obligaciones en orden a la consignación presupuestaria del crédito 
a. La obligación de indemnizar y las normas presupuestarias. 318
b. Reconocimiento del crédito. 319
c. Ordenación del pago. 320
 
NACIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN
CAPÍTULO I
NACIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN PRIMERA 
NOCIONES GENERALES
I. Nacimiento y exigibilidad de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
II. Requisitos de la responsabilidad patrimonial de las Administra-ciones públicas
 
SECCIÓN SEGUNDA 
LA LESIÓN PATRIMONIAL
I. La lesión patrimonial como requisito de la responsabilidad de las Administraciones públicas
II. Daño efectivo
1. Realidad del daño 
2. Prueba 
III. Daño evaluable económicamente
1. El requisito de la evaluación económica del daño 
2. Los daños materiales 
3. Los daños morales 
4. La muerte y los daños corporales 
a. Muerte. 340
b. Daños corporales y morales. 343
5. Daños derivados de la lesión de los derechos de la personalidad 
6. Daños ecológicos 
7. Gastos y costas causadas para conseguir la declaración de contra- venir el ordenamiento jurídico la actuación administrativa determi- nante de daños 
IV. Individualización del daño
1. El requisito de que el daño sea individualizado con relación a una  persona o grupo de personas 
2. Individualizado con relación a una persona 
3. Individualizado con relación a un grupo de personas 
 
SECCIÓN TERCERA 
 ACTIVIDADES DETERMINANTES DEL DAÑOI. Actuación de una Administración pública 
1. Administración pública a la que es imputable el daño 
2. Modalidad de la actuación 
II. Reglamento
1. Responsabilidad derivada del ejercicio de la potestad reglamenta- ria 
2. Responsabilidad derivada de la vigencia de una disposición gene- ral 
a. Disposición general declarada nula. 359
b. Disposición general válida. 360
3. Responsabilidad por inactividad del ejercicio de la potestad reglamentaria 
a. Inactividad reglamentaria contraviniendo un mandato de la ley. 363
b. Inactividad reglamentaria de las Comunidades autónomas y de las Administraciones locales. 364
c. Inactividad reglamentaria y derecho comunitario. 365
III. Actos administrativos
1. Responsabilidad por actos administrativos 
2. Actos administrativos válidos 
3. Actos inválidos 
a. Responsabilidad por los daños ocasionados en ejecución de un acto inválido. 36
b. Exigencia de una flagrante desatención. 369
c. Responsabilidad patrimonial si en los daños derivados de la ejecución concurren los requisitos del artículo 32, LR- JSP.37
d. Responsabilidad derivada de la anulación de títulos administrativos habilitantes de obras y actividades. 375
a'. Indemnización y actos habilitados. 375
b'. Responsabilidad por denegación de licencias. 375
c'. Demora injustificada en el otorgamiento. 376
d'. Responsabilidad por otorgamiento del acto habili-tante. 377
4. Actos legitimadores de la actividad por los administrados 
a. Responsabilidad por daños causados por el sujeto legitimado por el acto administrativo. 382
b. Acto legitimador contrario al ordenamiento jurídico. 385
c. Control de la actuación del particular. 387
5. Consultas. 390
IV. Hechos y actuaciones materiales
1. Actuaciones materiales 
2. Hechos 
 V. Inactividad de la Administración
1. La no decisión de los procedimientos incoados a instancia del intere- sado 
a. Daños al interesado que incoó el procedimiento. 395
b. Daños a terceros interesados. 395
2. La no incoación o no resolución de procedimientos que deben iniciar- se de oficio 
3. No adopción de las medidas adecuadas 
 VI. Infracción del principio de la buena fe
 VII. Actuación procesal
1. Los efectos económicos del proceso 
2. El incumplimiento de las cargas y obligaciones procesales 
3. Indemnización de los daños y perjuicios producidos por una medida cautelar 
a. En proceso civil. 407
b. En el proceso administrativo. 407
 
SECCIÓN CUARTA 
 ANTIJURIDICIDADI. El requisito de la antijuridicidad
1. La responsabilidad objetiva de las Administraciones públicas 
2. Antijuridicidad 
II. Regla general
1. Extensión de la responsabilidad 
2. Crítica 
III. Causas legitimadoras del deber de soportar
1. Que la ley expresamente lo establezca 
2. Anormalidad del daño con ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas 
3. La actitud del perjudicado 
 
SECCIÓN QUINTA 
IMPUTACIÓN A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. El requisito de la imputación
1. Imputación a una Administración pública 
2. Criterios de imputación 
II. El funcionamiento del servicio público
1. El funcionamiento de los servicios públicos como criterio de imputación 
2. Funcionamiento normal del servicio 
3. Funcionamiento anormal del servicio 
a. La anormalidad del funcionamiento. 429
b. Supuestos de funcionamiento anormal. 430
III. Riesgo creado por la Administración
1. El riesgo creado por la Administración como título de imputación 
2. Requisitos del riesgo 
a. Riesgo relevante a efectos de responsabilidad. 447
b. No disminución del riesgo. 448
c. Riesgo no insignificante. 451
d. Riesgo no permitido. 452
a'. Error no imprudente. 452
b'. Estado de conocimiento de la ciencia y de la técnica. 453
e. Riesgo no consentido. 454
a'. Requisitos del consentimiento. 457
b'. Ámbito del consentimiento. 465
c'. Efectos de la falta o deficiencia del consentimiento. Responsabilidad patrimonial. 465
3. Fuerza mayor 
a. La fuerza mayor como causa excluyente de responsa-bilidad. 468
b. Fuerza mayor y caso fortuito. 469
c. Fuerza mayor. 472
IV. Enriquecimiento injusto
1. Imputación por enriquecimiento 
2. Enriquecimiento injusto y responsabilidad patrimonial de las  Administraciones públicas 
3. Enriquecimiento producido por una prestación realizada en cumplimiento de una obligación existente o supuestamente existente 
4. Enriquecimiento por afluencia a una Administración pública de valores patrimoniales que no le corresponden mediante una invasión indebida en bienes ajenos 
5. Enriquecimientos obtenidos a costa de un sujeto que sin ejecutar una  prestación ni pretender cumplir una obligación propia realiza una inversión (de sus bienes o trabajo) o un desembolso que aprovecha a otro 
a. Pago voluntario y consciente de deuda ajena que daría, en su caso, origen a una condictio de regreso. 479
b. Realización de gastos o de trabajos sobre una cosa ajena, cuyo dinero habrá logrado una plusvalía como consecuencia de aquellos gastos o trabajo.
 
SECCIÓN SEXTA 
RELACIÓN DE CAUSALIDAD
I. La relación de causalidad como requisito de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública 
1. Imputación y causalidad 
2. El nexo causal 
3. Naturaleza de la relación de causalidad 
4. Prueba de la relación de causalidad 
II. La relación causal directa y exclusiva 
1. La exclusividad de la relación causal 
2. Jurisprudencia tradicional 
3. Concurrencia de causas 
III. Culpa del perjudicado
1. Incidencia de la culpa del perjudicado en la ruptura del nexo cau- sal 
2. La falta del perjudicado es la causa determinante del daño 
3. La falta cometida por el perjudicado no incide en la relación cau- sal 
4. Concurrencia de culpas 
IV. Intervención de tercero
1. La incidencia de tercero en la relación de causalidad 
2. La intervención de tercero no determina la exoneración de la responsabilidad 
3. La intervención de tercero atempera la responsabilidad 
a. El reparto de la indemnización. 509
b. Jurisdicción y proceso. 510
 
CAPÍTULO II
MODIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASI. Nociones generales
1. La modificación de la relación jurídica obligacional 
2. Régimen jurídico 
II. Modificación en los sujetos
1. En la Administración pública 
a. La Administración pública sujeto pasivo de la relación. 514
b. Modos involuntarios. 514
a'. Extinción del ente público. 514
b'. Modificación del ente público. 515
c'. Alteración del régimen de competencias. 515
c. Modos voluntarios. 516
2. En el perjudicado 
a. El titular del derecho a indemnización. 516
b. Transmisión del derecho. 517
c. Régimen jurídico. 517
III. Modificación objetiva 
1. El objeto de la obligación 
2. Modificación del objeto 
IV. Modificación de las facultades del titular del derecho a indemni-zación
1. Modificación por acuerdo de las partes 
2. Modificación impuesta por el ordenamiento 
a. El principio de la reparación integral y la demora en el pago de la indemnización. 519
b. Actualización de la cantidad. 520
c. Intereses de demora. 522
a'. Intereses moratorios. 522
b'. Intereses procesales. 524
 
CAPÍTULO III
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASI. Nociones generales
1. La extinción de la responsabilidad patrimonial 
2. Los modos de extinción 
II. Modo normal de extinción de la obligación: el cumplimiento
1. Cumplimiento de la obligación 
2. Procedimiento para hacer efectivo el pago 
3. Reacción frente al pago que infringiera el ordenamiento jurídico 
III. Modos anormales de extinción de la responsabilidad
1. Otros modos de extinguirse la obligación 
2. En relación con los sujetos 
a. Idea general. 530
b. Muerte. 530
c. Renuncia. 531
d. Aplicación del principio general de la buena fe. 531
3. En relación con el objeto 
4. En relación con el tiempo: prescripción 
a. La prescripción del derecho a indemnización. 534
b. Prescripción de la acción de resarcimiento. 534
c. Prescripción del derecho a hacer efectiva la indemnización. 534
 
PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD
CAPÍTULO I
NOCIONES GENERALESI. Procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
1. Nacimiento de la responsabilidad y efectividad 
2. Responsabilidad patrimonial derivada del cumplimiento o de la ejecución de un acto o de un Reglamento 
a. Posibilidad de acumular las pretensiones de anulación e indemnización. 54
b. Régimen jurídico. 54
c. Planteamiento en trámite de conclusiones
a'. Requisitos para que en trámite de conclusiones pueda solicitarse la indemnización de daños y perjuicios. 543
b'. Efectos de la petición. 546
3. Procedimiento administrativo para exigir la responsabilidad patrimonial. 546
II. Procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de las Administraciones públicas
1. Concepto 
2. Naturaleza jurídica 
3. Regulación 
III. Tratamiento jurídico de la infracción de las normas reguladoras del procedimiento
1. Principio general 
2. Nulidad de pleno derecho 
a. Incompetencia manifiesta. 551
b. Prescindir total y absolutamente del procedimiento legal-mente establecido. 551
a'. Ausencia total de trámites. 551
b'. Seguirse un procedimiento distinto al legalmente es-tablecido. 551
c. Prescindir de las reglas esenciales para la formación de  voluntad del órgano colegiado. 552
3. Anulabilidad 
 
CAPÍTULO II
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO
I. Los requisitos del procedimiento
II. Requisitos subjetivos
1. Administración pública 
a. La competencia como requisito esencial. 553
b. Administración pública. 554
c. El problema de la delimitación de la competencia. 554
d. Administración del Estado. 555
e. Comunidades Autónomas. 555
f. Entidades que integran la Administración Local. 556
g. Entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. 557
2. Interesados 
a. Regla general. 557
b. Interesados principales. 557
a'. El perjudicado. 557
b'. Otros interesados principales. 559
c. Interesados accesorios. 559
III. Requisitos objetivos
1. El objeto del procedimiento 
2. Delimitación de la responsabilidad patrimonial 
3. Exclusión de otras cuestiones 
IV. Requisitos de la actividad: plazo
1. El plazo para ejercer la acción de resarcimiento 
a. Plazo de un año. 561
b. Posibilidad de interrumpir la prescripción. 563
c. Prescripción del derecho. 567
d. Régimen jurídico del cómputo del plazo. 567
. Daño producido como consecuencia de la ejecución o cumplimiento de un acto o disposición contrarios al ordenamiento jurídico 
a. Referencia a los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad. 572
b. Que la pretensión de indemnización no se formule en el mismo proceso que la de anulación. 573
c. Que la pretensión de indemnización se deduzca en el mismo proceso que la pretensión de anulación. 579
a'. Nulidad de una disposición. 580
b'. Nulidad o anulación del acto administrativo. 581
3. Lesión patrimonial que no dimane de la ejecución de un acto contrario al ordenamiento jurídico 
a. Consumación del daño. 582
b. Supuesto de daños continuados. 584
c. Supuesto de daños de carácter físico o psíquico. 585
d. Supuesto en que se hubiese incoado proceso penal. 587
 
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN PRIMERA 
PROCEDIMIENTO GENERAL
I. El procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
1. Los procedimientos administrativos para exigir la responsabilidad 
2. El procedimiento general 
II. Iniciación
1. Formas de iniciación 
2. Requisitos 
3. Efectos 
a. Iniciación del procedimiento. 593
b. Sustanciación de la tramitación simplificada. 594
III. Instrucción
1. Regla general 
2. Comunicación a los interesados 
3. Prueba 
4. Informes 
5. Dictamen del Consejo de Estado 
a. Dictamen del consejo de Estado o de los órganos consulti- vos correspondientes de las Comunidades Autónomas. 595b. Carácter esencial del trámite. 596c. Tramitación. 597d. Efectos de la infracción. 597
6. Audiencia y vista 
IV. Terminación
1. Terminación normal 
2. Silencio administrativo 
3. Terminación anormal 
4. Terminación convencional 
SECCIÓN SEGUNDA 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
 
I. Requisitos
1. Idea general 
2. Requisitos 
a. Requisitos subjetivos. 600
b. Requisitos objetivos. 601
c. Requisitos de la actividad. 601
3. Efectos 
1. Idea general 
2. Iniciación 
3. Instrucción 
a. Alegaciones. 603
b. Informes y dictámenes. 603
 
 
CAPÍTULO IV 
EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
I. Efectos jurídico-procesales
1. Agotamiento de la vía administrativa 
2. Impugnabilidad en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
a. Orden jurisdiccional competente. 605
b. El problema del orden jurisdiccional competente en el supuesto de concurrencia de culpas. 607
c. Supuesto de que existiese contrato de seguro. 608
d. El objeto del proceso. 609
 
3. Cuantificación de la indemnización en ejecución de sentencia 
4. Procedimiento administrativo de ejecución 
II. Efectos jurídico-materiales
1. Efectos directos 
2. Efectos indirectos 
a. Respecto a otras Administraciones públicas. 612
b. Respecto de la autoridad, funcionario o agente al que pueda imputarse el daño. 612
a'. Responsabilidad administrativa. 612
b'. Responsabilidad patrimonial. 612
 
CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DE LAS  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN PRIMERA 
NOCIONES GENERALES
I. Responsabilidad de los titulares de los órganos de las Administraciones públicas
1. Responsabilidad de las Administraciones públicas y responsabilidad de los titulares de los órganos 
2. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 
II. Clases
1. Responsabilidad por daños causados a la propia Administración  pública 
2. Responsabilidad por daños a terceros 
III. Fundamento
IV. Regulación
 
SECCIÓN SEGUNDA 
RÉGIMEN JURÍDICOI. Idea general
1. La responsabilidad exigida por la propia Administración 
2. Régimen jurídico 
II. Requisitos
1. Requisitos subjetivos 
a. Administración Pública. 621
b. Responsables. 621
a'. Los titulares del órgano. 621
b'. Las personas encargadas del servicio. 622
2. Requisitos objetivos 
a. Requisitos comunes. 622
b. Pago de la indemnización a terceros. 623
c. Determinación de la indemnización. 624
3. Plazo 
III. Procedimiento
1. El procedimiento para exigir la responsabilidad por la Administra- ción a su personal 
2. Iniciación 
3. Notificación a los interesados 
4. Instrucción 
a. Alegaciones durante un plazo de quince días. 626
b. Prueba. 626
c. Audiencia y vista. 626
5. Resolución 
IV. Efectos
1. Efectos jurídico-procesales 
2. Efectos jurídico-materiales 
 
ÍNDICE ANALÍTICO. 629